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A pesar del plebiscito de octubre pasado que confirmó la vigencia de la Ley de Caducidad, siguen las noticias sobre la impunidad que se les concedió a los militares y policías que actuaron en la última dictadura cívico-militar de Uruguay.

Por un lado, el estado demandará a los medios de comunicación que se negaron a pasar un spot a favor de la anulación de la Ley. El mismo era una cadena nacional otorgada por el gobierno a la Coordinadora por la anulación de la ley y se debía haber emitido el 22 de octubre, tres días antes de las elecciones. El spot debía haberse pasado a las 22 hs, horario central, pero muchos lo pasaron a la medianoche, e incluso más tarde, ya en la veda electoral. Otros, directamente decidieron no pasarlo.

El ministro de Industria, Raúl Sendic, fue el encargado de informar a 180 que se sancionarán a 36 medios de comunicación, aunque aún no están decididas las multas. También se refirió al tema el presidente Tabaré Vázquez. “Se debe aplicar un mecanismo ejemplarizante", dijo este lunes el mandatario durante el Consejo de Ministros.

El único canal abierto que pasó el spot fue el 5, el canal del estado uruguayo. El resto estaba en otra. Por ejemplo, Canal 12 estaba pasando el programa de Tinelli. Este es el video que no pasaron los canales privados.


También la Comisión Interaméricana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, denunció al estado uruguayo por aprobar la ley, ya que debido a esto incumplió el compromiso asumido en 1985 al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos. Este organismo emitió su dictamen por la desaparición forzada en 1976 de María Claudia Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman. Pero espera que sea sólo el puntapié inicial para conseguir la anulación de la ley.

Hace un año, la CIDH había recomendado "adoptar medidas para que quedase sin efecto la Ley de Caducidad", así como también otorgar una "reparación plena a los familiares de la víctima", que incluyese "no sólo una indemnización por daños materiales y morales", sino también la "celebración de ciertos actos de importancia simbólica para garantizar que no se reiteren delitos similares".

Sobre este último pedido, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional manifestó su confianza en que "el litigio en este caso deje sin efecto la Ley de Caducidad, en concordancia con la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana", que estableció que "los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para eximirse de la obligación de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos".