La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley de caducidad pa' los amigos) fue aprobada entre gallos y medianoches el 22 de diciembre de 1986, durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, y estableció que los delitos cometidos por policias y militares durante el gobierno de facto quedarían amnistíados. En dos días, el Congreso uruguayo aprobó la ley 15.848 y el Poder Ejecutivo la promulgó, horas antes de que el primer militar tuviera que comparecer ante la justicia. La celeridad del poder político en algunos temas me deja perplejo...
El debate siguió, y en 1989, luego de que el Frente Amplio juntara las firmas necesarías, se llegó a un plebiscito para determinar la nulidad o la continuidad de la ley. El 16 de abril un 57% de la población votó por la continuidad.
Pasaron los años, los gobiernos (casi siempre colorados), y llegaron Tabaré y el FA al gobierno. Aunque Jorge Batlle (el que nos dijo que eramos todos chorros, desde el primero al último...) intentó algo, recién Vázquez decidió cambiar un poco las cosas y empezó a juzgar a los militares. Pero, ¿cómo?. Un artilugio legal le permitió meter en cana a algunos militares y civiles y nuevamente comenzó el debate.
Ahora, el poder judicial le pide al gobierno que declaré su posición ante el caso de una militante comunista asesinada en 1974 (todos los casos pasan por el ejecutivo, otro de los problemas de una ley que ni siquiera respetaba la separación de poderes). Y el gobierno -mejor dicho, el propio Tabaré- dice que es inconstitucional. Resta saber que dirá el congreso, porque la justicia también les preguntó a ellos.
Ah.. los muchachos frenteamplistas ya juntaron 200.000 firmas para llamar a un nuevo plebiscito... Que pasó para que el Taba haga esto ahora? Tendrá algo que ver con que esa consulta popular se haga el mismo día de las elecciones de octubre? Se nota que no quería que esto le traiga problemas con los compañeros que podían llegar a hacerle una campaña en contra.
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