Ayer salió la noticia en el semanario Búsqueda. La carrera electoral va tomando un curso que no debería haber tomado. Va a ser muy dificl salir de una campaña sucia y ponerse a discutir ideas.

Integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros estarían llevando a cabo una investigación sobre el candidato nacionalista Luis Alberto Lacalle con el propósito de encontrar datos relacionados a su gestión (1990 – 1995). El objetivo de esta recopilación es "afectar la imagen del candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle".
Los dirigentes del MLN-Tupamaros salieron a desmentir esto. Dijeron que no están investigando a nadie y que en esta campaña sólo se dedican al trabajo militante. Resta saber si Búsqueda mintió en la nota o si la información es real y ahora los dirigentes tupamaros debieron dar marcha atras. Pero más allá de esto el tema ya quedó planteado.
Hay quienes creen que la investigación no tiene sentido, porque el Frente Amplio tiene demasiada información pública como para "manchar" la reputación de Lacalle. Hay investigaciones periodísticas y hasta causas judiciales que muestran el nivel de corrupción que hubo en el gobierno de Lacalle. Sería un desproposito ponerse a investigar a alguien y así restarle votos al FA.

Rápidamente Lacalle salió a responder a todo este tema. Aseguró que no le extrañaba que haya gente a la que le resulta habitual violar la constitución. "Yo no espero nada, pero tampoco descarto nada, porque lamentablemente la vida política uruguaya ha descendido a un nivel donde siempre se puede ser peor", dijo Lacalle ayer en Santiago de Chile, poco antes de tomarse el avión de regreso a Montevideo. Veremos que sucede, pero a 51 días de las elecciones nos encontramos con una campaña que parece abusar de los ataques y no intenta discutir ideas, que debería ser lo más trascendente.


La administración de telecomunicaciones de Uruguay no está pasando por su mejor momento. Pero no se debe a problemas financieros ni comerciales, sino de sus funcionarios. En los últimos dos meses debieron renunciar el presidente Edgardo Carvalho, el vicepresidente Gonzalo Perera, y hasta la sucesora de Perera, Gladys Uranga.

Primero fue el affaire del Pinar, protagonizado por Perera. Según la investigación judicial, el funcionario simuló un delito para justificar un intento de suicidio. Él sábado 11 de julio denunció ante la policia que lo habían secuestrado y que lo habían obligado a colgarse con una soga al cuello en un arbol de ese bosque.

Estuvo internado dos días, y cuando el lunes estuvo mejor salió con la policia a reconocer el lugar donde lo habían secuestrado. No pude reconocer ningún sitio y encima encontraron un pedazo de cuerda en la casa de Perera. Después confesó que no pudo suicidarse y que mintió para no quedar mal ante la sociedad.

Y esta semana se fue al carajo Antel.Tuvieron que renunciar el presidente y la vicepresidenta por el ingreso sin concurso previo de empleados públicos. La primer noticia surgió el lunes. Resulta que hace más de un mes llamaron a la presidencia de Antel. Una mujer dijo ser la secretaria privada de Jorge Vázquez, hermano de Tabaré y prosecretario de la Presidencia. Dijo que su jefe recomendaba un empleado para que trabaje en Antel y que se presentaría al otro día. Efectivamente el señor se presentó y consiguió un puesto jerárquico facilmente.

Todo venía bien, hasta que hace unas semanas el señor se cebó (?), como todo estafador, y pidió una laptop para trabajar mejor. Por que son unos ratones, llamaron a Jorge Vázquez para preguntarle si estaba bien que le dieran esa computadora personal. En ese momento se enteraron que Vázquez no había recomendado a nadie, que la secretaria no existía (finalmente era la mujer del empleado), y que infuluir en la contratación de funcionarios públicos es muy facil si uno es el hermano del Presidente... Al conocerse la noticia debió renunciar el Presidente de Antel.

La cosa parecía que iba a quedarse ahí, con los dos jerarcas principales de la empresa estatal fuera de sus funciones. Pero no. Resulta que ayer el diario El País denunció que el hijo de la vicepresidenta Uranga también estaba trabajando sin concurso. Y a pedido de Tabaré tuvo que renunciar.

Ahora la empresa está siendo investigada para ver si hubo otros delitos con la contratación de funcionarios. Esperemos que no suceda más, o al menos que los jerarcas se den cuenta que hay ciertas cosas que no se deben hacer.